Ecologistas en acción rechaza que los terrenos que se puedan desafectar de las vías pecuarias que discurren por la campiña de Jerez (Cuartillo, Puente de la Guareña, Rajamancera, Las tablas) y otros municipios gaditanos se cedan gratuitamente a los que ilegalmente construyeron en ella.
La creación de la Plataforma ciudadana para la regularización de los hábitats rurales diseminados afectados por vías pecuarias pretende, con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, la cesión de terrenos de vías pecuarias, previa desafectación, a los ocupantes -de los cuales muchos tienen las edificaciones destinadas a actividades económicas como ventas, comercios y otros negocios; y otros no son residentes reales en la zona sino que tienen las parcelas como residencia de fin de semana. Estas transmisiones atentarían al principio de igualdad y de no discriminación social.
Estas actuaciones suponen además renunciar a fondos económicos inexcusables, mientras que a su vez los proyectos de deslindes, amojonamiento y recuperación de vías pecuarias, la Delegación Provincial de Medio Ambiente los tiene paralizados o sin iniciar escudándose en falta de presupuesto para esos trabajos.
El Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado en 1998, prevé que solo de forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar aquellos tramos de vías pecuarias que hayan perdido los caracteres de su definición o destino.
En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o social, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, por lo que los terrenos que se pretenden desafectar y transmitir en el termino de Jerez y en otros términos como el de Medina Sidonia, están lejos de identificarse con un interés publico o social. Únicamente en los casos de familias sin recursos y que sean su primera residencia podría entenderse que existe dicho interés.
Sin embargo en esa zona existen no solo negocios lucrativos sino viviendas de familias que ejecutan con muchos recursos sus obras de edificación y familias procedentes de otros municipios que solo residen allí en vacaciones por lo que es un atrevimiento inaceptable entender esa situación como de interés social.
Por eso, respecto a aquellos tramos de terrenos, con supuestos en que sí concurriera ese interés social, no puede pretenderse donar gratuitamente esos terrenos a sus ocupantes, que después de haber cometido actos ilegales con obras de ampliación y consolidación posteriores resulten premiados con una transmisión gratuita de suelo a diferencia del resto de la sociedad que ha de pagar por el suelo donde se compran sus viviendas.
Esta situación si la Junta de Andalucía, que es a la que se incorpora los terrenos desafectados para ser bien patrimonial de la Comunidad Autónoma, la aprueba sin requerirse a los ocupantes la aportación de terrenos sustitutivos como trazado alternativo de vía pecuaria incurrirá en flagrante ilegalidad vulnerando la legislación protectora del dominio publico pecuario e incurrirá en una absoluta discriminación con los restantes ciudadanos.
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