EL BRILLANTE
(...) Siguiendo con el repaso que estamos haciendo a los presupuestos
del PP y que influyen directamente en las prestaciones a los ciudadanos de
Andalucía nos vamos a centrar ahora en tres importantes puntos: política social,
sanidad y acceso a la vivienda. Al igual que en la política de ingresos donde
podemos ver el ataque a los más desfavorecidos queriendo eliminar la estructura
social de la clase media para hacer que parezca la sombra del pasado, “los
ricos más ricos y los pobres más pobres”.
En Política Social: En general se reduce un 15,7%. Se paraliza la
aplicación del Sistema de Atención a la Dependencia. Las partidas destinadas a
autonomía personal y la dependencia se reducen un 6,1% y desaparece el nivel
convenido con las Comunidades Autónomas que suponía 283 millones de euros en 2011.
La atención a la infancia y la familia se reduce un 42,6%. Las actuaciones
contra la violencia de género pierden un 21,6%. Se suprime el Fondo de
Integración de Inmigrantes.
En Sanidad: Los créditos destinados a Sanidad se reducen en casi
200 millones de euros, en particular los programas presupuestarios de Salud
Pública, que disminuyen un 45,1%, con un evidente riesgo de afectar a la
calidad de la sanidad pública, especialmente en relación con las enfermedades
infecciosas.
Acceso a la Vivienda: Se reduce un 31,7%. Los créditos para “Promoción,
administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a vivienda” se reducen en
un 30,6%, en detrimento de las actuaciones comprometidas con las Comunidades Autónomas
en el Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012. Se elimina la renta básica
de emancipación para nuevos beneficiarios.
En cuanto a la política de ingresos, la propuesta fiscal del gobierno
es injusta porque recae mayoritariamente sobre las rentas del trabajo y las
clases medias, a la vez que aprueba una amnistía fiscal que prima a las grandes
fortunas y penaliza a los contribuyentes que cumplen con la Hacienda Pública.
La Amnistía Fiscal ha sido recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional
y la Audiencia Nacional. Es injusta porque los defraudadores que afloren sus
bienes lo podrán hacer sin recargos, pagando solo un 10%, cuando les
correspondería más del 40%. Por tanto, el Gobierno recorta a los más débiles y
amnistía a los defraudadores.
La propuesta fiscal del Gobierno hace más injustos los impuestos
en nuestro país porque con la subida del IRPF un porcentaje muy amplio del
aumento de ingresos recae sobre las rentas del trabajo y las clases medias,
frente a un porcentaje mucho menor que recae sobre las rentas del capital. A ello
debe añadirse la restitución de la deducción por compra de vivienda a las
rentas altas, ampliamente criticada por todos los expertos y organismos internacionales,
ya que está en el origen de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Es además
ineficiente porque la subida del IRPF va a deprimir más el consumo y la demanda
acentuando la recesión, porque tiene un carácter coyuntural y no crea una base
fiscal sólida y estable capaz de estimular el crecimiento y de financiar los servicios
públicos esenciales.
Además, la propuesta fiscal aumenta la desconfianza sobre el cumplimiento
del déficit porque la previsión de mayores ingresos no es creíble. La
destrucción de más de 600.000 empleos y las perspectivas negativas de
crecimiento que refleja el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE 2012, hará
que el incremento de recaudación por la elevación del IRPF sea inferior al
esperado y que la recaudación por IVA se reduzca más de lo estimado.
En conclusión, son unos presupuestos injustos e ineficaces porque
acentúan la crisis y la recesión, agravando notablemente los principales
problemas de nuestra economía.
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