Ecologistas en Acción
Nota de Prensa
Ante la contínua presión de las Fuerzas Armadas acantonadas en la provincia de Cádiz sobre las necesidades sociales de los gaditanos y gaditanas, Ecologistas en Acción denuncia públicamente:
1º.- Es inadmisible que, dada la situación social de esta provincia, el Ministerio de Defensa se atreva a torpedear a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el Hospital de San Carlos (San Fernando), exigiendole la cifra de 27 millones de euros para ceder dicho centro médico, tan necesario socialmente. Ecologistas en Acción se suma a la exigencia ciudadana, expresadas numerosas veces en San Fernando, de cesión completa y gratuita del abandonado hospital militar a manos civiles para satisfacer las demandas hospitalarias de la Bahía de Cádiz (véase Nota 1)
2º.- Es intolerable que, dados los recortes sociales en Sanidad y Educación, y dada la batería de medidas gubernamentales frente a la inmigración, recortando derechos en materia de prestaciones sanitarias, endureciendo los trámites burocráticos de residencia, manteniendo los CIEs (Centros de Internamiento), amenazando con multas y otras penas a cuantas personas ayuden a inmigrantes en situación de emergencia vital, etc., el Delegado del Gobierno en Cádiz, sr. Fernando López, se esfuerce tanto para atender sanitaria y educativamente a los casi 3.000 norteamericanos (militares y sus familias) que vendrán con la instalación del escudo antimisiles en Rota (Véase Nota 2).
3º.- Rechazamos que Defensa quiera embolsarse 6,7 millones de euros por el Polígono de Tiro Naval Janer (Nota 3), o que se impida la desafectación de 20 hectáreas del campo de tiro de El Retín-donde cada año se producen incendios de la cobertura vegetal- para instalar una piscifactoría (Nota 4), o que los jerezanos no puedan recuperar el Rancho de la Bola como Parque Público porque Defensa quiera 1 millón de euros por esa finca abandonada junto al río Guadalete, etc., etc.
4º.- Es peligroso -y ahora mucho más con el escudo antimisiles- que esta provincia esté sujeta a riesgo nuclear de origen militar (tal como se reconoce en Tratado bilateral España-EE.UU.: Véase Nota 5) y las autoridades jamás hayan informado a la poblacion civil acerca de qué hacer en caso de emergencias (accidentes o ataques militares o terroristas) donde se produzcan eventualidades químicas, biológicas o nucleares.
Toda esta situación de servidumbre militar padecida por la ciudadanía es conocida las autoridades, las fuerzas políticas, etc. Por ello, exigimos un cambio de rumbo radical en esta materia que tenga por objetivo el inmediato desmantelamiento de las instalaciones militares radicadas dentro de o junto a grandes espacios habitados así como el cese de la política especulativa del Ministerio de Defensa en una provincia ya tan severamente castigada por la crisis.
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