La Sociedad Breña del Agua se apropia indebidamente un camino público

Un momento de la reivindicación

Denuncian en el juzgado a responsables de la Sociedad Breña del Agua Investments por intentar bloquear la marcha legal por el camino público Benamahoma-Zahara 

Vallado y guardas privados

La denuncia también se amplía a los guardias civiles que interrumpieron la marcha

 Ecologistas en Acción ha presentado en el juzgado de Ubrique una denuncia contra los guardas privados y responsables de la sociedad Breña del Agua Investments S.L., propietaria de las fincas por las que discurre el camino público de Benamahoma a Zahara, que intentaron por todos los medios impedir la masiva marcha organizada el pasado 8 de octubre para demandar el libre tránsito por las vías pecuarias y caminos públicos, y en solidaridad con el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero, que sufrió un lamentable montaje para intentar implicarlo en un delito de tráfico de drogas, precisamente por su participación en campañas en defensa de los caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

   Los sucesos que tuvieron lugar ese día fueron muy graves, ya que se intentó impedir el normal desarrollo de una manifestación legal por medios tan expeditivos como instalar varios vallados con alambres de espino en el camino público, grabar a los asistentes, o intentar agredirles, sin que ninguno de los más de 600 participantes en la marcha respondiera a estas provocaciones. 

   La marcha reivindicativa contaba con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ya que discurría por el Parque Natural Sierra de Grazalema, y se notificó a la Subdelegación del Gobierno al amparo del artículo 21 de la Constitución Española, y de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora de los derechos de reunión y manifestación, dándole el visto bueno.

   A pesar de que se informó a los guardas de la mencionada sociedad que la marcha estaba legalizada, que iba a transitar por un camino público y que estábamos ejerciendo un derecho constitucional, cerraron el camino e intentaron por la fuerza impedir el paso.

   Varios agentes de la Guardia Civil hicieron acto de presencia, y a pesar de que conocían que la marcha estaba legalizada, la interrumpieron durante media hora. Ante nuestro requerimiento de que levantaran acta de denuncia contra las personas que habían intentado por medios violentos impedir el ejercicio del derecho de manifestación, y que procedieran a ordenar a los guardas y responsables de la sociedad Breña del Agua Investments S.L. que se mantuvieran alejados de la manifestación y no la obstaculizaran, respondieron que presentáramos denuncia ante el juzgado, y no adoptaron medida alguna para garantizar el derecho de los manifestantes, ni contra los que intentaban impedir esta manifestación legal. Ante la evidencia de la legalidad de la marcha, terminaron por dejarla continuar, desarrollándose con completa normalidad. 

   En la denuncia se considera que estos tales hechos pudieran ser constitutivos de INFRACCIÓN PENAL; en concreto, puede haberse producido la comisión de los siguientes delitos:

  · Delito previsto y penado en el artículo 455 del Código Penal y/o un delito CONTRA LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN previsto en el artículo 19 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, dado el carácter de PÚBLICO DEL CAMINO objeto de TRÁNSITO.

   · Delito previsto y penado en el artículo 514.4 del Código Penal "los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el DESARROLLO de una reunión o MANIFESTACIÓN LÍCITA. 

   · Delito previsto y penado en el artículo 197.1 del Código Penal, por las grabaciones que nos realizaban durante el desarrollo de la marcha "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la INTIMIDAD DE OTRO, sin su consentimiento, se apodere ... o UTILICE ARTIFICIOS TÉCNICOS de escucha, GRABACIÓN o reproducción del sonido o de la IMAGEN, o de cualquier ...".

   · Delito de PREVARICACIÓN, art. 404 y ss del Código Penal, ya que en tanto funcionarios públicos, los agentes de la Guardia Civil no pusieron limitación a la actuación arbitraria de los guardas privados mencionados, en cuanto debiendo tener conocimiento de que las marchas concurrían por caminos públicos, de sus licencias y permisos para ello, impidieron aún temporalmente el transcurso de la misma, ampararon la actuación arbitraria de dichos guardas privados. 

   A la denuncia se ha adjuntado una abundante documentación acreditativa del carácter público de este camino, incluida una sentencia firme del TSJA que así lo atestigua, y varios videos de la marcha.

La Leocadia: crónica de un desastre ecológico anunciado

La imagen del desastre

Ecologistas en Acción

Junta y Demarcación de Costas deben anular la concesión de la piscifactoría de La Leocadia

   Ecologistas en Acción denuncia la pasividad de las administraciones públicas ante el desastre ecológico anunciado que está teniendo lugar en la piscifactoría La Leocadia, ubicada en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. No se entiende que teniendo perfecto conocimiento desde hace meses del estado de abandono de esta piscifactoría, ni la Demarcación de Costas, que otorga la concesión de los terrenos de dominio público, ni la Junta de Andalucia, que otorga las autorizaciones para la explotación acuícola, hayan hecho nada. Sólo inspecciones a golpe de denuncias que han comprobado la gravedad de la situación… y poco más. 

   Tanto la Ley de Costas como el Decreto de la Junta que regula la piscicultura otorgan facultades a las administraciones para anular las concesiones o autorizaciones cuando se incumplan de forma grave, como es el caso, las condiciones de las mismas.

   La Demarcación de Costas debería haber tramitado ya, y de forma urgente, la caducidad de la concesión que otorgó a “Cultivos Marinos Integrales”, cuyo actual titular es la empresa Proyet XXI Century, propietaria del ciudadano ruso Alexander Nazarov, por grave y reiterado incumplimiento de las condiciones de dicha concesión.

   La Consejería de Agricultura y Pesca también debería haber aplicado de forma fulminante el artículo 24 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía: “La Dirección General competente en materia de acuicultura marina, previa audiencia a la persona titular de la autorización, declarará extinguido el título administrativo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: d) Cuando exista incumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de autorización”. Más aún, este Decreto obliga al titular de la autorización a reponer el daño causado y faculta a la Junta a mantener la actividad tras la extinción de la autorización: “Extinguida la autorización de cultivos marinos con ocupación en dominio público será obligación de la última persona titular reponer a su cargo cualquier alteración que su actividad haya ocasionado al medio, y restaurar la zona a su estado natural, previo informe de la Administración Ambiental. No obstante, la Consejería competente en materia de acuicultura marina podrá proponer el mantenimiento de las obras e instalaciones… cuando estime conveniente mantener el uso acuícola de las instalaciones, por existir demanda en el sector y considerar que las instalaciones tendrían fácil aprovechamiento por un tercero”. ¿Por qué no lo hacen?

   También sorprende la pasividad mostrada por la Consejería de Medio Ambiente, que gestiona el parque natural, y de la Junta Rectora de este espacio protegido.

   El escándalo de esta situación es mayor aún si se tiene en cuenta que esta empresa ha recibido sustanciosas subvenciones, que superan el millón de euros, de las administraciones públicas: Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, sobre todo, del “Instrumento financiero de orientación a la pesca” de la UE.

   La desidia, cobardía o incompetencia de las administraciones responsables de estas concesiones y autorizaciones están llevando al parque natural a una situación límite, que puede agravarse más aún, pues todavía quedan 80.000 doradas que pueden correr la misma suerte que las 20.000 que ya han muerto por inanición o falta de oxígeno.

Obligan legalmente a los propietarios de inmuebles declarados BICs a abrir los 4 días al mes que establece la ley

El controvertido Alcázar de Arcos

Tras varios años de requerimientos Ecologistas en Acción logra se imponga el régimen legal de visitas gratuitas para todos los ciudadanos a los Bienes de Interés Cultural (BICs) de la provincia.

Ecologistas en acción ha estado presentando sucesivas acciones públicas desde el año 2010 ante la Delegación Territorial de Cultura en Cádiz para hacer cumplir la obligación legal a los propietarios de tales inmuebles declarados BICs a que admitan y establezcan los 4 días al mes de visitas gratuitas a los mismos.

La Asociación ha debido instar repetidamente a la Delegación provincial de cultura para que aplicara el régimen legal de visitas gratuitas a los bienes declarados BIC, que se establece desde la Ley de Patrimonio Histórico de España del año 1985 y por la LPH de Andalucía, y que sin embargo salvo contadas excepciones no se cumplía por los titulares de los bienes ni se hacía cumplir por la administración competente (la Consejería de cultura.

La relación de monumentos, yacimientos arqueológicos y otros bienes de interés cultural sobre los que se ha conseguido la aplicación de la ley no son aun todos los existentes, debido a la falta de cumplimiento de sus competencias por la delegación Provincial y al indebido privilegio que concede a algunos propietarios para no permitir la visitas a los bienes (tal es el caso de lugares de especial relevancia en la provincia como el Yacimiento romano de Iptuci, el Monasterio de san José del Cuervo, o la cueva del Tajo de las figuras), así como no exigir la publicación e instalación de carteles sobre el régimen de visitas,…

Sin embargo se ha conseguido que algunos monumentos emblemáticos de la provincia sean visitables de forma gratuita, y en algunos casos obligando a los propietarios a permitir el acceso a sus bienes que se encontraban permanentemente inaccesibles al público; tales como

1. Cueva la Laja alta (Jimena de la frontera) Régimen de visitas gratuitas: Los lunes de 9,00 a 13,00 horas, excepto de 1 de junio a 15 de octubre.

2. Castillo de Gigonza. Régimen de visitas gratuitas: Los miércoles de 15,00 a 18,00 horas.

3. Conjunto monumental de Alcázar de Jerez. Régimen de visitas gratuitas: Los lunes de 9,30 a 12,00 horas.

4. Casa palacio de Mora. (Cádiz). Régimen de visitas gratuitas: Los miércoles de 10,00 a 13,00 horas.

5. Castillo de Aznalmara (el Bosque) (BIC por resolución de 29-06-1985). Régimen de visitas gratuitas: Los martes de 8,00 a 14,00 horas.

Entre algunos otros más. 

Ecologistas en acción espera que la delegación Territorial de cultura de Cádiz disponga y aplique de una vez de forma completa el régimen de visitas obligatorias a todos los BIcs de la provincia de Cádiz, con la necesaria difusión informativa a todos los ciudadanos.

El nuevo PGOU de Villaluenga pretende duplicar el pueblo

Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra este crecimiento desproporcionado, injustificado e ilegal

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villaluenga, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de septiembre. Este PGOU pretende duplicar el actual núcleo urbano y construir viviendas para unas 350 personas, lo que prácticamente duplicaría su población actual. 

El PGOU de Villaluenga se comenzó a tramitar en 2004, y tras numerosas vicisitudes, se pretende aprobar en 2016, como si nada hubiera pasado tras la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y los cambios sustanciales aprobados en la normativa urbanística. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), en vez de advertir al Ayuntamiento de la inviabilidad e ilegalidad de este modelo urbanístico expansivo que vulnera la normativa Parque Natural Sierra de Grazalema, lo que ha hecho es modificar el PORN del parque natural para permitir la expansión del casco urbano. Mediante el Decreto 72/2015, desprotegió una amplia zona en torno al casco urbano de Villaluenga de 100.000 m2, en contra del criterio de la Junta Rectora del parque natural. 

Ester PGOU no ha sido sometido a la preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), obligatoria en la tramitación de todos los planes urbanísticos en nuestro país desde julio de 2006, en aplicación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente, y de la Ley 9/2006, que la traspuso a nuestro ordenamiento jurídico, y que tiene carácter de legislación básica. Pero la Junta de Andalucía aprobó la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que incumplía este Directiva y la legislación básica estatal, pretendiendo no aplicar la EAE. La Junta se ha comportado como si fuera una república independiente, aprobando leyes en contra de las Directivas europeas y de la legislación básica estatal. El resultado está siendo desastroso, los tribunales están anulando todos los planes aprobados sin EAE; el ejemplo más sonado ha sido el de Marbella. Ya en nuestra provincia el PGOU de Chiclana ha sido paralizado, y no se podrá aprobar por carecer de la EAE. La diferencia entre la EAE y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ha intentado aplicar la Junta son muy importantes. La EAE parte de consultas previas para conocer las necesidades de cada municipio, que sirven de base para un Informe de Sostenibilidad Ambiental y una Memoria Ambiental final. Lo último que se elabora es el PGOU que debe cumplir con los objetivos y contenido de esos informes y memorias. Lo que se ha presentado en Villaluenga es un PGOU completamente elaborado, el mismo que se aprobó inicialmente en 2004, al que sólo se permite incluir “medidas correctoras” a decisiones tomadas sin consultas ni justificación de ningún tipo, y sin posibilidad de plantear modelos alternativos.

El desmesurado crecimiento planteado por el PGOU de Villaluenga vulnera el principio de sostenibilidad previsto en la legislación urbanística (Ley 8/2007 de Suelo y Texto Refundido RD Legislativo 2/2008), que determina que el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizable debe reducirse al preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen e impedir la especulación. Las propuestas del PGOU incluyen una clasificación indiscriminada de suelos que no tiene relación con la atención de necesidades económicas y sociales objetivas y reales. 

La evolución demográfica de Villaluenga es levemente regresiva, teniendo en la actualidad 471 habitantes. Las previsiones de crecimiento del PGOU son de 83.695 m2 de nuevos suelos urbanos y urbanizables –un incremento de 102,8%- y la construcción de 148 nuevas viviendas, lo que implicaría un aumento de 355 habitantes (un 75,3% más). Metas absurdas e inalcanzables. Este aumento vulneran los límites máximos que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que obliga a tener en cuenta parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, demanda de usos productivos…) para justificar incrementos de nuevos suelos urbanizables y nuevas viviendas. Ninguno de estos parámetros avala estos crecimientos desmesurados.

Ecologistas en Acción ha advertido al Ayuntamiento que el Tribunal Supremo se ha manifestado reiteradamente sobre la nulidad de los planes urbanísticos que se han aprobado vulnerando leyes y planes de rango superior, en especial la necesidad de EAE y la justificación de los crecimientos propuestos.

Por todo ello hemos solicitado al Ayuntamiento que se proceda a declarar nulo este PGOU y se inicie la tramitación de uno nuevo sometiéndolo a la EAE preceptiva para garantizar el desarrollo sostenible y la conservación del valioso patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico y etnológico del municipio de Villaluenga, y se mejore las condiciones de vida de su población.

Barbate: XV Asamblea de Ecologistas en Acción de Cádiz

Ecologistas en Acción
Barbate

El pasado fin de semana se ha celebrado en Barbate la XV Asamblea de Ecologistas en Acción de Cádiz, con la asistencia de más de 60 delegados y delegadas de los diversos grupos federados.

La asamblea ha valorado el trabajo realizado en este último año, destacando la lucha contra la privatización del agua, las movilizaciones pacifistas contra las bases militares y el campo de tiro del Retín, contra revitalización de la burbuja inmobiliaria con nuevos planes urbanísticos desmesurados, la campaña en defensa del litoral y la puesta a punto del velero Diosa Maat. Así mismo se valoró muy positivamente las recientes sentencias del TS que nos han dado la razón en relación con la gestión de los parques naturales (derogación del Decreto que daba prevalencia a los planes urbanísticos sobre la normativa de los parques naturales), o la obligación de someter a los planes urbanísticos a una evaluación ambiental estratégica, a lo que se venía oponiendo la Junta de Andalucía. También se destacó la importancia de ser una ONG que se autofinancia, lo que nos da total independencia de las administraciones públicas.

Ecologistas en Acción se ha propuesto como objetivos para el próximo año reforzar la campaña contra el cambio climático, por una gestión pública y eficaz del ciclo urbano del agua consiguiendo la depuración de la totalidad de aguas residuales, la lucha contra la contaminación que envenena el aire y el agua de la Bahía de Algeciras, y la gestión de una salina recuperada en El Puerto como espacio público que sirva para proyectos demostrativos sobre el valor de la biodiversidad del uso sostenible de las zonas húmedas del Parque Natural Bahía de Cádiz. Así mismo se ha creado una nueva área de atención al voluntariado, para posibilitar la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente. 

Los asistentes a la Asamblea participaron, junto a la “Plataforma Ciudadana por la Gestión Pública del Agua de Barbate”, en un acto a orillas del río Barbate, frente a la EDAR de este municipio, para denunciar el nefasta gestión de la empresa Aqualia-FCC realiza de esta instalación, y en defensa de la gestión pública del agua, contra la privatización de los servicios de abastecimiento y depuración y por la remunicipalización en los Ayuntamiento donde se privatizó en 2012.

La asamblea ha ratificado como coordinador a Ángel Barroso y ha nombrado a los/as responsables de las diversas áreas y proyectos, habiéndose producido una importante renovación con la incorporación de numerosos jóvenes, la mayoría estudiantes o licenciados en Ciencias del Mar y en Ambientales.

Ecologistas en Acción rechaza la cesión gratuita de terrenos de dominio público en vías pecuarias a sus ocupantes

Ecologistas en acción rechaza que los terrenos que se puedan desafectar de las vías pecuarias que discurren por la campiña de Jerez (Cuartillo, Puente de la Guareña, Rajamancera, Las tablas) y otros municipios gaditanos se cedan gratuitamente a los que ilegalmente construyeron en ella.

La creación de la Plataforma ciudadana para la regularización de los hábitats rurales diseminados afectados por vías pecuarias pretende, con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, la cesión de terrenos de vías pecuarias, previa desafectación, a los ocupantes -de los cuales muchos tienen las edificaciones destinadas a actividades económicas como ventas, comercios y otros negocios; y otros no son residentes reales en la zona sino que tienen las parcelas como residencia de fin de semana. Estas transmisiones atentarían al principio de igualdad y de no discriminación social.

Estas actuaciones suponen además renunciar a fondos económicos inexcusables, mientras que a su vez los proyectos de deslindes, amojonamiento y recuperación de vías pecuarias, la Delegación Provincial de Medio Ambiente los tiene paralizados o sin iniciar escudándose en falta de presupuesto para esos trabajos.

El Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado en 1998, prevé que solo de forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar aquellos tramos de vías pecuarias que hayan perdido los caracteres de su definición o destino.

En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o social, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, por lo que los terrenos que se pretenden desafectar y transmitir en el termino de Jerez y en otros términos como el de Medina Sidonia, están lejos de identificarse con un interés publico o social. Únicamente en los casos de familias sin recursos y que sean su primera residencia podría entenderse que existe dicho interés.

Sin embargo en esa zona existen no solo negocios lucrativos sino viviendas de familias que ejecutan con muchos recursos sus obras de edificación y familias procedentes de otros municipios que solo residen allí en vacaciones por lo que es un atrevimiento inaceptable entender esa situación como de interés social.

Por eso, respecto a aquellos tramos de terrenos, con supuestos en que sí concurriera ese interés social, no puede pretenderse donar gratuitamente esos terrenos a sus ocupantes, que después de haber cometido actos ilegales con obras de ampliación y consolidación posteriores resulten premiados con una transmisión gratuita de suelo a diferencia del resto de la sociedad que ha de pagar por el suelo donde se compran sus viviendas.

Esta situación si la Junta de Andalucía, que es a la que se incorpora los terrenos desafectados para ser bien patrimonial de la Comunidad Autónoma, la aprueba sin requerirse a los ocupantes la aportación de terrenos sustitutivos como trazado alternativo de vía pecuaria incurrirá en flagrante ilegalidad vulnerando la legislación protectora del dominio publico pecuario e incurrirá en una absoluta discriminación con los restantes ciudadanos.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PRESENTA ALEGACIONES CONTRA UN VERTEDERO E INCINERADORA EN ESPERA

Ecologistas en Acción

En relación con el proyecto llamado “planta de recuperación y compostaje de última generación con vertedero de apoyo” en Espera, sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, Ecologistas en Acción manifiesta su más rotundo rechazo.

El proyecto se sitúa por completo al margen de toda normativa de gestión de residuos vigente. El llamado “Plan Especial de planta de recuperación de última generación” no es tal, sino un desfasado y mal calibrado proyecto de vertedero, incineradora y planta de supuesto compostaje. Es ilustrativo que la incineradora no figure en el título del proyecto, disfrazada en páginas interiores como “central de valorización energética”.

En absoluto se trata de una planta “de última generación”, sino de una infraestructura innecesaria, mal dimensionada y que generaría un daño irreversible no solo en el territorio sino también en otros municipios, que se verían tentados a aventurarse con soluciones al margen de cualquier planificación y persiguiendo abaratamientos a costa de la solidaridad, de la correcta gestión de los residuos y del medio ambiente.

Contando con una instalación de tratamiento de residuos municipales en Jerez (Las Calandrias), con serios problemas de infrautilización y a 44 kms. de Espera, ¿qué sentido tiene pretender iniciar una obra de nada menos que 19,5 millones de € de coste?

Crear un nuevo vertedero “de apoyo” sin tratamiento de lixiviados, en la cercanía de la unidad hidrogeológica Arcos-Bornos-Espera, con las cuentas mal hechas porque no cubrirían los costes de sellado, desgasificación y postclausura, de ninguna manera “minimizaría” ningún impacto.

La única respuesta de la Administración ambiental ha de ser un rechazo rotundo a este malhadado proyecto, que pervierte la planificación de residuos, ofrece deficientes alternativas de gestión y señala un mal camino que no debiera recorrer ninguna corporación local: la de buscarse insolidariamente soluciones a la carta con deficiente soporte técnico, nula previsión económica y fortísimo impacto ambiental.

La Junta de Andalucía insta al ayuntamiento de Grazalema a anular el Plan del polígono industrial

Ecologistas en Acción

Nota de prensa

La Junta reconoce, dos años y medio después de ser denunciado por Ecologistas en Acción, la ilegalidad de este proyecto 

El Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía ha remitido una Resolución al Ayuntamiento de Grazalema en la que se insta a la revisión de oficio del acuerdo del Plano de 1 de diciembre de 2010 por el que se aprobó definitivamente el Estudio de detalle de la UE.14 del Sector I.1 Parque industrial. En dicha Resolución se deja patente la ilegalidad del Estudio de detalle por el que se aprobó este polígono industrial, por el manifiesto incumplimiento de las determinaciones del PGOU vigente, tal y como viene denunciando Ecologistas en Acción desde hace dos años y medio, cuando se iniciaron las obras de este polígono industrial.

Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Grazalema, dentro del que se está construyendo. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que redactó el proyecto- y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-CMAOT, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con una cubierta plana y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural. Además, Ecologistas en Acción presentó en la Junta Rectora del parque natural una moción para instar a las administraciones competentes a paralizar las obras y adaptar dicho proyecto a las normas urbanísticas y medioambientales vigentes. Tanto el presidente de la Junta Rectora como el delegado Territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente impidieron que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas. 

Ante la evidencia de que las administraciones competentes, y sus responsables, no tenían la más mínima intención de actuar ante este flagrante incumplimiento de la legalidad urbanística, Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante la Fiscalía de Cádiz al poderse estar cometiendo por parte de los responsables del ayuntamiento de Grazalema, de la delegación provincial de la CMAOT y de la Diputación provincial hechos que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevaricación medioambiental, por omisión dolosa o imprudente. La Fiscalía de Cádiz, tras su análisis y comprobación, remitió el 18 de diciembre de 2013 dicha denuncia al Juzgado de instrucción de Ubrique “al evidenciarse hechos que podrían tener significación penal”. La denuncia va dirigida contra Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, contra Silvia López Gallardo, exdelegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, contra los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial, y contra todas aquellas personas o autoridades que como consecuencia de las pruebas practicadas pudiera derivarse cualquier tipo de responsabilidad por los hechos denunciados.

Tras esta denuncia de la Fiscalía, la delegación territorial de la CMAOT remite un informe a la Dirección General de Urbanismo advirtiendo (¡¡dos años y medio después de denunciadas!!) que el proyecto de polígono industrial incumple el PGOU de Grazalema. El pasado mes de mayo el Director general de Urbanismo remitió la mencionada Resolución a la alcaldesa de Grazalema advirtiéndole que el Estudio de Detalle que aprobó el Pleno del ayuntamiento infringe las normas del PGOU de Grazalema, y por tanto su aprobación es nula de pleno derecho, por lo que le insta a “revisar el acuerdo del Pleno de 1 de diciembre de 2010, por el que se aprobó definitivamente el Estudio de detalle de la UE.14 del Sector I.1, afectado de nulidad”

Ante este requerimiento, la alcaldesa de Grazalema ni ha iniciado los trámites de anulación de dicho acuerdo, ni ha paralizado las obras ilegales, ni procedido a la adaptación de las construcciones ilegales ya ejecutadas al PGOU, lo que ha hecho es iniciar el trámite de modificación del PGOU para eliminar toda referencia a la obligación de que las edificaciones respeten la tipología tradicional e intentar así dar un amparo legal a unas obras manifiestamente ilegales ya realizadas. Con esta modificación, los responsables municipales pretenden infructuosamente eludir sus responsabilidades administrativas y penales, pues hay abundante jurisprudencia en relación con estos intentos de modificar normas urbanísticas para intentar legalizar obras y proyectos ilegales, que han sido definidos reiteradamente por los Tribunales como un “fraude de ley”. Los responsables del ayuntamiento de Grazalema, de la Diputación y de la CMAOT son plenamente conscientes de que han infringido las normas urbanísticas de este municipio, y no saben cómo salir del enredo legal en que se han metido al redactar, informar y aprobar este proyecto urbanístico, y al desarrollar unas obras que saben de su total ilegalidad.

Se adjuntan fotografías del estado actual de construcción de las naves industriales, en las que puede comprobarse la tipología totalmente ajena a la tradicional de los pueblos blancos, hasta ahora obligatoria en Grazalema, y el alto impacto que ya han provocado a las puertas de este pueblo. Según el ayuntamiento de Grazalema y los responsables de la CMAOT, estas naves están perfectamente integradas en el paisaje.

Ecologistas en Acción exige una rectificación de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Ecologistas en Acción

Nota de prensa

Es inaceptable que la Junta pretenda “interpretar” el POTA para favorecer de nuevo la especulación urbanística

Ecologistas en Acción considera un despropósito inadmisible el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de “reinterpretar” el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para hacer más flexibles los límites de los crecimientos urbanísticos, esto es, favorecer de nuevo la especulación urbanística como mecanismo para salir de la crisis. Se pretende así alimentar al monstruo que provocó la crisis como medicina para salir de la misma. Se niegan a sacar enseñanzas de este desastre económico y social al que nos ha llevado la burbuja inmobiliaria.

Esta pretensión es inaceptable tanto en la forma como en el fondo. No se puede modificar una norma de un plan aprobado por Decreto de la Junta y ratificado por el Parlamento (que incluyó esos famosos límites al crecimiento) por unas “instrucciones internas”. De hecho, estos intentos de soslayar los límites impuestos por el Parlamento vienen siendo puestos en práctica por la Junta en numerosos Planes de Ordenación del Territorio (POT) y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), lo que sido recientemente declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que atendió una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción contra estas “excepciones” fraudulentas para justificar crecimientos superiores al 40% de suelos urbanizables y 30% de incremento de población.

Es llamativo como PSOE y PP coinciden en cargar la culpa de la crisis y el paro a los límites del crecimiento, un retorcimiento de la realidad repugnante; ocultan las causas de la crisis y culpan a una medida que podría haberla minimizado y evitar futuras crisis, es decir, frenar la especulación. ¿Qué tiene que ver estos límites ya de por sí desmesurados con la paralización del sector del a construcción en Andalucía? Se olvida que la causa de la crisis de la construcción está en el propio sistema de la construcción que depende de la financiación de la banca. La crisis de la construcción está en los bancos, no en los límites de suelo urbanizable. 

Por otra parte, no es entendible que se pretenda aumentar más de un 40% de crecimientos urbanísticos en Andalucía cuando tenemos un parque de viviendas desmesurado: 4,5 millones de viviendas de las que 130.000 están sin vender y otras 100.000 desocupadas. En ocho años los visados de nuevas viviendas en Andalucía han pasado de más de 200.000 al año a sólo 4.000. ¿La culpa es del POTA o del sobredimensionamiento del sector de la construcción y de los suelos urbanizables? Hay que recordar que la recalificación de millones de metros cuadrado a suelos urbanizables y las decenas de miles de viviendas construidas solo como inversión han ocasionado un agujero en las entidades financieras de más de 100.000 millones de euros, que hemos pagado todos los ciudadanos. Hemos tenido que adquirir, por medio de la SAREB, esos activos tóxicos con dinero público. ¿Ahora pretenden recalificar suelos por encima del 40% de los existentes cuando hay millones de metros cuadrados sin desarrollar que han provocado la quiebra de bancos y las cajas de ahorro y la actual crisis económica? El problema no ha sido el POTA, sino su incumplimiento. Si se hubieran aplicado desde 2006 esos límites en vez de buscar subterfugios para superarlos, los activos tóxicos de las entidades financieras hubieran sido mucho menores, y menor el coste de rescatarlas de la ruina.

Con un parque de viviendas aún sobredimensionado, con dificultades para darle salida, que hasta los PGOUs que se están revisando sólo pueden aspirar a que se cumplan los convenios firmados en época de bonanza, la flexibilización de los límites al crecimiento sólo tendrá un efecto: la especulación del suelo, a través de las recalificaciones que se logren a partir de esta medida, no devengará en actividad inmobiliaria puesto que no hay ni financiación ni mercado para ello.

Ecologistas en Acción entiende que el futuro del sector de la construcción está en la rehabilitación de nuestras maltrechas ciudades y pueblos, en lo que hay una inmensa bolsa de oportunidades de negocio y empleo, como ha demostrado el Plan de Construcción Sostenible de la propia Junta de Andalucía. El Plan agotó rápidamente los 150 millones de € presupuestados al recibir 26.000 solicitudes, la mayoría para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, y en el que han participado 7.000 empresas pequeñas y medianas, y ha creado 18.000 empleos. Hay que recordar que en Andalucía las empresas dedicadas a la rehabilitación de viviendas suponen sólo el 28% del total, mientras que la media europea es del 41%.

Lo que necesita Andalucía no es más suelo urbanizable, sino potenciar la rehabilitación de viviendas y equipamientos y desclasificar las inmensa bolsas de suelo que con carácter meramente especulativo se recalificaron durante la burbuja inmobiliaria, y que penden como espada de Damocles sobre los balances financieros de entidades y administraciones y sobre valiosas zonas naturales de nuestro territorio.

Ecologistas en Acción espera que IU, socio del PSOE en el Gobierno andaluz y que fue el grupo parlamentario que propuso esos límites al crecimiento, se niegue a aprobar el inmenso despropósito de permitir de nuevo a los ayuntamientos -colaboradores necesarios y entusiastas en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria-, campear en los territorios nauseabundos de las recalificaciones urbanísticas a la carta. Más flexibilidad para los ayuntamientos, supondrá de nuevo más especulación y más corrupción.

3 de julio día internacional libre de bolsas de plástico

Ecologistas en Acción 

Nota de prensa

Las bolsas de plástico contaminan y no son necesarias: ninguna se recicla. Consumiendo menos y mejor, protegemos el medio ambiente

La bolsa de plástico es el producto estrella de nuestra cultura de usar y tirar, que malgasta grandes cantidades de materiales y energía para fabricar productos efímeros de un solo uso, muchas veces superfluos. Las bolsas de plástico se pueden reemplazar por recipientes o sistemas duraderos y ecológicos (bolsas de tela, de plástico resistente, de papel, carros de compra...). En España utilizamos unas 250 bolsas por habitante y año. Tanto su fabricación y distribución como su tratamiento posterior provocan importantes problemas ambientales. Por todo ello consideramos que es necesaria su desaparición. 

En las tres grandes centrales de tratamiento de basura (Jerez, Miramundo (Medina) y Los Barrios) las bolsas se entierran o se apilan en grandes fardos ya que vale 100 veces más reciclarlas que fabricarlas de nuevo. Esta es una de las razones por las que más del 90 % de nuestros residuos sólidos urbanos acaban en vertederos, o en otras comunidades autónomas, en incineradoras.

Razones para decir no a las bolsas de plástico: 

• Se fabrican a partir del petróleo, un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. 

• Su reciclaje no es rentable: cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. 

• La mayoría acaba en el mar o quemada en las incineradoras y en los hornos de cemento. Se han encontrado bolsas flotando al norte del Circulo Ártico y en lugares remotos del Atlántico Sur. 

• Contaminan durante su fabricación y su incineración (dioxinas, cianuro...). 

• Algunas están impresas con tintas tóxicas. 

• Tardan entre 150 y 1000 años en descomponerse. 

• Su dispersión en la naturaleza causa mortandad de animales en el medio terrestre y acuático. Las tortugas, los delfines o los cachalotes, por ejemplo, se las comen porque las confunden con medusas y calamares. Es cada vez más frecuente encontrarlas en cadáveres de animales marinos porque provocan el bloqueo, irritación o laceración del tracto digestivo y reducen la cantidad de alimento que los animales pueden ingerir. 

• Son de fácil sustitución por sistemas tradicionales: bolsas de tela, carritos, cestas, de papel... 

Por ello proponemos: 

1. Hacer un pequeño esfuerzo desde la ciudadanía, los ayuntamientos, gremios de comerciantes y cadenas comerciales para animar al consumidor y a los comercios a sustituir las bolsas de plástico gratuitas por otro tipo de recipiente más resistente y duradero. 

2. Los acuerdos voluntarios de sustitución o de cobro serían idóneos para frenar el consumo generalizado de bolsas. Pero como puede ser insuficiente, necesitamos además acciones decididas 

destinadas a limitar el consumo de bolsas de plástico. 

3. Que el Gobierno grave el consumo indiscriminado y gratuito de bolsas de plástico con un impuesto ecológico lo suficientemente elevado para ser disuasorio. Ese dinero no lucraría al comerciante sino que se invertiría en investigación y desarrollo de tecnologías de producción limpia que minimicen la generación de residuos y en mecanismos para eliminar las bolsas de un solo uso.

TONIZA Y ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PRESENTAN 211 ALEGACIONES AL PGOU DE CHICLANA

Ecologistas en Acción

Nota de Prensa

ES UN PGOU INVIABLE E INSOSTENIBLE QUE PRETENDE UN CRECIMIENTO DE SUELOS URBANIZABLES DEL 154 %

La Asociación Medioambiental Toniza y Ecologistas en Acción han presentado un total de 211 alegaciones a la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana de la Frontera y a su Estudio de Impacto Ambiental, tras la fase de exposición pública recientemente concluida. Desde ambas asociaciones ecologistas se entiende que “es un PGOU inviable e insostenible, que pretende basar el desarrollo de Chiclana de nuevo en el ladrillo y las hormigoneras, modelo que, como se ha demostrado, provoca una enorme destrucción del territorio, generando sólo empleo temporal, y que termina por reproducir las causas de la actual crisis”.

Tras análisis del PGOU han comprobado que “supera con creces los ya amplios límites al crecimiento urbanístico que fijó el Parlamento andaluz cuando aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: 30% de población y 40%  de suelos urbanizables cada ocho años”. “Tal hecho- según manifiestan- se consigue,  utilizando todo tipo de subterfugios, no se sabe muy bien para qué, pues en el actual contexto es imposible urbanizar millones de nuevos m² de suelo y construir miles de nuevas viviendas. Cuando los crecimientos demográficos se ralentizan (el crecimiento de Chiclana ha bajado en una década del 2,8% al 1,1% anual)  y las previsiones son de un estancamiento e incluso disminución de la población, el PGOU de Chiclana prevé la construcción de 15.729 nuevas viviendas, lo que supondría un aumento de 37.749 habitantes, un 45,4% más que en la actualidad, ¡¡para llegar a los 124.023 habitantes!!”. La estupefacción que provocan estos datos hace que se pregunten “¿de dónde saldrán esos nuevos habitantes?”, ante lo cual añaden que  “eso sumado a que se contempla la legalización de 12.859 viviendas ilegales, y que en Chiclana hay 4.596 viviendas vacías”. Y es que las asociaciones ecologistas alegantes entienden que “sólo se debe contemplar la construcción de viviendas para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, con planes de vivienda pública en régimen de alquiler social para jóvenes, familias desahuciadas, parados y personas mayores”.

A pesar de todo lo anterior, para ambos colectivos son “aún más disparatados los crecimientos que se prevén sobre nuevos suelos urbanos y urbanizables ¡¡un 154%!!”. Por lo que declaran que “para incluir este crecimiento desmesurado e injustificado se utilizan cálculos truculentos, como no computar los 21.283.634 m² de urbanizaciones ilegales que se recalifican, o contemplar una imaginaria e irreal migración de miles de personas de las poblaciones de la Bahía hacia Chiclana. Así, el municipio de Chiclana tiene en la actualidad 21.965.447 m² de suelo urbano, y las nuevas recalificaciones suman ¡¡ 33.996.970 m²!!”.

Por todo lo expuesto en las 211 alegaciones, Toniza y Ecologistas en Acción han solicitado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía:

1.     Que se incluyan las 211 Alegaciones en el nuevo PGOU por entender que vienen a garantizar el desarrollo sostenible y la conservación del valioso patrimonio natural, paisajístico,  arquitectónico y etnológico del municipio de Chiclana de la Frontera. 

2.     Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía declare este PGOU como INVIABLE a efectos ambientales y de sostenibilidad.

Por último, han advertido al Ayuntamiento que, en caso de persistir en aprobar un PGOU que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales, que consagra una ciudad insostenible, imposible de gestionar por sus  dimensiones y desorden,  y que sólo responde a la inercia de un modelo urbanístico fracasado que ha provocado la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, se reservan el derecho a recurrirlo ante los Tribunales, tal y como ya se hizo con el anterior PGOU.

MIEMBROS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SE DECLARAN OBJETORES FISCALES AL GASTO MILITAR

Un año más, Ecologistas en Acción participa y promociona la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar. Con el lema "No pagues la guerra: haz objeción fiscal al gasto militar ", esta campaña de desobediencia civil denuncia la enorme cantidad de recursos destinados a fines bélicos por el Gobierno. Para ello, en estos días finales del periodo de entrega de la Renta 2013, los militantes de Ecologistas en Acción y de otros movimientos sociales se declaran objetores fiscales al gasto militar y detraen de su declaración de la renta una cantidad que destinan a proyectos social y ambientalmente deseables

El gasto militar de 2013 asciende a 23.604,91 millones de euros, lo que supone un 6,83% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta cifra incluye el gasto de las Fuerzas Armadas, asignado al Ministerio de Defensa u otros Ministerios, y el dinero destinado al control social (cuerpos policiales, gastos penitenciarios, etc.). Sin embargo, atendiendo a que todos los años el gasto ejecutado supera con creces al presupuestado, se calcula que en 2014 el gasto real llegará a los 34.019,88 millones de euros (9,84% de los PGE), lo que supone un gasto de 721,83 € por persona y año.

El gasto militar ejecutado en 2012 superó con creces la cantidad presupuestada inicialmente de 6.326,44 millones de €. El Ministerio de Defensa alcanzó los 9.066,29 millones de euros, lo que supone un 43,5% más de lo presupuestado en 2012. Desde el año 2002 se han gastado 13.688,789 millones de euros más de lo presupuestado en este Ministerio. En 2012 el Gasto del Ministerio de Defensa supuso: El 129’1 % más que lo gastado en pensiones, 16’35 veces más que en Servicios Sociales y Promoción Social; 1.748’56 veces más que en Fomento del Empleo; 4’13 veces más que en Educación; 5’63 veces más que en Justicia y 35’22 veces más que en Cultura.

A los gastos militares hay que añadir la deuda del Ministerio de Defensa en forma de compromisos de compra de armas de entre 32.000 y 37.000 millones de euros, cifra equivalente al 3% del PIB (37% del gasto militar previsto en 2014).

Todo esto, además de ser moralmente reprobable, contribuye a endeudar aún más al país, que tiene que recurrir a los mercados financieros para pagar el gasto militar.

Las personas que se declaran objetoras fiscales no quieren ser cómplices de un Gobierno que se preocupa más por financiar la guerra que por atajar los gravísimos problemas sociales y ambientales. La Campaña también exige que se reconozca legalmente el derecho a la objeción fiscal. Los objetores fiscales no quieren participar de ningún modo en la violencia militar, y rechazan activamente que el dinero de sus impuestos se destine a sufragar las guerras.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula el decretazo de los parques naturales

Ecologistas en Acción

Andalucía

La Junta de Andalucía ha ocultado esta anulación y sigue aplicando el decretazo

El TSJA ha dictado dos sentencias en relación con el Decreto 15/2011 de 1 de febrero por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Una sentencia lo anula parcialmente y la otra en su totalidad.

Este Decreto provocó una gran polémica, pues aunque los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en los parques naturales, en realidad lo que se pretendía era fomentar el urbanismo especulativo en estos espacios protegidos. El Decreto incluía varias normas manifiestamente ilegales: daba prevalencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las propias normas de protección de los parques naturales -Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)-, facultaba a la CMA a modificar los PORN y PRUG para “adecuarlos” a los planes urbanísticos y a modificar los límites de los parques naturales de forma arbitraria. Este Decreto contó con un informe muy crítico de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y con una dura Resolución del Defensor del Pueblo, que advertía de su ilegalidad y de las nefastas consecuencias que podría tener en los parques naturales.

Tras su aprobación, tanto la Sociedad Española de Ornitología (SEO) como Ecologistas en Acción recurrieron el Decreto ante el TSJA. La base de los recursos era la vulneración de normas legales de rango superior, como es la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), ley básica del Estado que prescribe que los planes urbanísticos no pueden contradecir las normas de protección de los parques naturales (PORN y PRUG) y deben supeditarse en todo caso a sus determinaciones.

La estrategia jurídica de la Consejería de Medio Ambiente no ha podido ser más lamentable, intentando que no se admitieran a trámite los recursos aduciendo que ni la SEO ni Ecologistas en Acción están legitimados para presentar un recurso sobre la gestión de los parques naturales, cosa que, lógicamente, el TSJA desestimó en base a los objetivos que tenemos los grupos ecologistas recogidos en nuestros estatutos.

El TSJA dictó sentencia por el recurso de la SEO en septiembre del año pasado, estimándolo y por tanto anulando el mencionado Decreto. La sentencia sobre el recurso de Ecologistas en Acción se dictó el pasado diez de febrero, pero no nos ha sido notificado recientemente. La sentencia, sorprendentemente, no hace alusión a que el Decreto ya había sido anulado en su totalidad por la misma Sala –la Sección Tercera-, y estima solo parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción, anulando la facultad del consejero/a para modificar los límites de los parques naturales. Esta sentencia se acompaña de un voto particular del presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosa Administrativo del TSJA, Magistrado D. Victoriano Valpuesta, que argumenta que la demanda debió ser admitida en su totalidad.

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por estas sentencias que vienen a dar la razón a los que advertimos que este decretazo era manifiestamente ilegal y que sólo pretendía, en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, fomentar el urbanismo salvaje en los parques naturales. Alguien debería asumir responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, y por el hecho de que este decretazo se habría convertido en un arma en manos de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas consecuencias en los 24 parques naturales andaluces, de no ser por la firme oposición de las organizaciones ecologistas, que fue muy criticada por los responsables de la CMA.

Ecologistas en Acción censura el silencio de la Consejería de Medio Ambiente ante estas sentencias, y el hecho de que sigan aplicando un Decreto declarado ilegal, y pide a la sra. consejera un compromiso público de que dejará de aplicarse de forma inmediata y que renuncia definitivamente a modificar las normas legales de los parques naturales para favorecer el urbanismo especulativo.

Cádiz: 4º Jornada Vía verde Entre Ríos

4ª Jornada lúdico-reivindicativa Vía verde Entre Ríos.

Lugar: Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Organiza: Ecologistas en Acción de los municipios de Rota, Sanlúcar y El Puerto y C.A.N.S. de Chipiona (Club Amigos de Naturaleza Scipionis).

La actividad tiene el carácter de lúdico-reivindicativa para celebrar la reciente inauguración del tramo de la Vía verde La Ballena-Chipiona, comprendido en el municipio chipionero, así como la reivindicación para que se construyan el resto de tramos para completar la que denominaríamos VIA VERDE ENTRE-RIOS (Guadalquivir y Guadalete). Igualmente se pretende reivindicar una red de carriles bici y senderos peatonales interconectados entre las cuatro localidades.

La marcha en bici se inicia en El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, por el trazado antiguo ferrocarril El Puerto-Sanlúcar.

La salida será:

El Puerto: 9:00 horas, Plaza de Toros.

Sanlúcar: 9:30 horas, desde la Estación de autobuses.

Rota: 10:00 horas, Parque El Mayeto.

Chipiona 10:30 horas, Avenida de la Estación.

En el Pinar de la Ermita, donde esperamos estar sobre las 12:30 horas, y mientras reponemos fuerzas se dará lectura de un manifiesto en el que expondremos las líneas fundamentales del proyecto bautizado “Vía verde Entre Ríos”.

Este proyecto tiene como objetivo la potenciación y creación de una red de viales (senderos, carriles, vías verdes) entre Sanlúcar y el Puerto de Santa María , entre el Espacio Natural de Doñana y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz..

¡Te esperamos!. ¡Por la conservación de nuestros caminos públicos y vías pecuarias!.

Ecologistas en Acción apoya el encierro de la plataforma “APEMSA no se vende” en El Puerto y las luchas ciudadanas contra la privatización del agua

Ecologistas en Acción

Puerto de Santa María

El ayuntamiento del Puerto de Santa María pretende privatizar la gestión de la empresa municipal de aguas Apemsa a favor de la multinacional Aqualia-FCC. 

La privatización sería por un periodo de 25 años, afectaría al 49 % de la empresa municipal e incluiría  el nombramiento del director gerente  por parte de Aqualia.  En la práctica dicha medida supondría el control privado de la gestión del agua en la ciudad.  El argumento dado por el ayuntamiento, como en tantos otros municipios, es que la crisis económica de la empresa municipal obliga a su venta.

La plataforma ciudadana “Apemsa no se vende”, que cuenta con el apoyo de una veintena de colectivos sociales,  exige que se paralice la privatización  y que se convoque una consulta ciudadana.  Los miembros de la plataforma llevan diez días encerrados en el ayuntamiento y una representación ha participado en las marchas de la dignidad  del 22M; argumentan que es posible una alternativa desde  la gestión municipal que no hipoteque el futuro de la ciudad.

Ecologistas en Acción  en Acción  apoya y se solidariza con la lucha de la plataforma “Apemsa no se vende”. El agua no puede ser una mercancía, sino un derecho y un patrimonio humano; así lo reconocen,  tanto la Directiva Marco sobre el agua  como la revisión de la Carta de los Derechos Humanos  de la ONU realizada en 2010.  En coherencia con lo anterior, la gestión del agua debe ser pública,  basándose en la sostenibilidad ecológica, el acceso universal, el reparto equitativo de costes,  la eficacia técnica y la participación ciudadana: es esta la Nueva Cultura de la gestión del agua.

El proceso de privatización  del agua urbana en España (abastecimiento y depuración) se viene extendiendo a pasos agigantados en los últimos años.

Este proceso  se está produciendo en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social. Tres grandes empresas multinacionales: Agbar, Aqualia-FCC y,  más recientemente Acciona, se reparten la casi totalidad de la gestión privada del agua urbana en España, que afecta a  33 capitales de provincia y unos 1000 municipios; en total unos 30 millones de personas.  Agotado el negocio del ladrillo,  el capital especulativo dirige sus miradas hacia el agua: un negocio perfecto ejercido a escala municipal en régimen de monopolio privado, por periodos de 20-25 años y con laxos controles municipales.

Casi siempre las privatizaciones se justifican para pagar las deudas municipales. Sin embargo, a medio plazo, la empresa obtiene beneficios subiendo el precio  y son los ciudadanos los que acaban pagando, tanto las deudas municipales, como los beneficios empresariales. Un estudio de la OCU así lo corrobora, indicando que el precio del agua en España ha subido un 25,5 % en los últimos 5 años.

Tampoco parece que mejore la calidad del servicio. Un trabajo del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de Granada publicado a principios de 2012 ––circunscrito al ámbito andaluz––, concluyó que la privatización del servicio no derivaba en una mejora de la calidad del mismo y que las empresas públicas eran más eficientes que las privadas por, entre otras cosas, la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración concernida, las locales en este caso.

Y aunque el proceso privatizador continúa, crece la resistencia ciudadana a las privatizaciones.  Los casos recientes de  Alcazar de San Juan ( Ciudad Real) y El Puerto de Santa María, así como los de el Bajo Andarax (Almería), Mijas (Málaga), Priego (Córdoba), Cartaya (Huelva), Madrid o los de Las Palmas, Tenerife, Gozón y Avilés (Asturias), indican una creciente toma de conciencia ciudadana sobre estas nuevas agresiones a un derecho básico.

En Sanlúcar, donde la gestión es privada desde 2011 (Aqualia), las denuncias de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales han  obligado a Aqualia  a devolver tasas cobradas ilegalmente y ya se está gestando la formación de una plataforma vecinal.  El recibo del agua se ha encarecido casi un 30 % en dos años y la mala depuración ha llegado a niveles inadmisibles.  En Jerez, a pesar de  que la privatización se ha llevado a cabo,  ha contado con la oposición de una luchadora plataforma ciudadana que denuncia la amenaza de la empresa de corte de agua a las familias que no pueden pagar.

Desde Ecologistas en Acción apoyamos y nos ponemos al servicio de estos movimientos ciudadanos por el derecho a la gestión pública del agua, y subrayamos que  las luchas por el agua representan hoy en España uno de los principales frentes entre el capital especulativo y la ciudadanía.

Denunciamos que políticos del PP y PA en El Puerto de Santa María y Jerez y del PSOE en Sanlucar  se han convertido en brazos ejecutores de la privatización, que amenaza con hipotecar nuestro futuro convirtiendo un derecho básico en una mercancía.

La Guardia Civil impide la ocupación pacífica de La Almoraima

Ecologistas en Acción
Castellar de la Frontera

Paco Casero, en su duodécimo día de huelga de hambre, participa en el acto en defensa del carácter público de la finca La Almoraima

Más de un centenar de personas se han concentrado, convocados por Ecologistas en Acción, en las puertas de La Almoraima en contra de su privatización. Al acto ha asistido Paco Casero, presidente de la Asociación Valor Ecológico, Ecovalia, que a sus 65 años cumple hoy doce días en huelga de hambre en reivindicación de un cambio de actitud de los gestores públicos ante el aumento de las desigualdades, por la dignificación del medio rural y en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas.

Un amplio despliegue de la Guardia Civil ha impedido la entrada a la Casa Convento de La Almoraima, un hotel de propiedad pública y ubicado en el interior de la finca, con el peregrino argumento de que habían sido contratado en exclusividad, y se encontraba cerrado al público. Los manifestantes celebraron una asamblea en la puerta de la finca. Paco Casero, a pesar de que denota ya los efectos de los doce días de huelga de hambre,   explicó, en un tono vibrante y emotivo, las razones de su huelga de hambre: el compromiso y apuesta decidida por el sector de la producción ecológica, especialmente de la ganadería extensiva imprescindible para la conservación y aprovechamiento racional de los montes; la denuncia del olvido de la producción ecológica en la PAC, el sector que, a pesar de la crisis, más ha crecido en Andalucía en la última década; el establecimiento de procesos que simplifiquen normativas y favorezcan la empresa familiar que permitan una economía real y sostenible en el medio rural.

Destacó el sin sentido de privatizar una finca de la extensión y del valor ecológico y productivo de La Almoraima, solo con la intención de hacer caja, destacando que “a este ritmo terminarán por proponer la venta de La Alhambra”. También incidió en que se está incumpliendo el Plan Forestal Andaluz, aprobado por unanimidad por el Parlamento de Andalucía, que contemplaba un aumento de la propiedad pública de los montes, lo contrario de lo que se pretende hacer con La Almoraima.

Casero aprovechó para —frente al Estrecho y a África— mostrar su solidaridad con los inmigrantes y denunciar la política represiva del Gobierno que ha llevado a la muerte de personas que solo buscan una vida mejor.

En representación de Ecologistas en Acción intervino Juan Clavero quien explicó la importancia de impedir la privatización de una finca que con sus 14.113 has —12.760 están incluidas en el Parque Natural Los Alcornocales— es la mayor finca de uno de los parques naturales más valiosos a nivel europeo, declarado, además, Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la UE. Clavero destacó las iniciativas que se están tomando para impedir esta privatización: la desestimación por parte del Ayuntamiento del plan urbanístico presentado por la dirección de la finca, la ampliación del parque natural que está tramitando la Junta de Andalucía, y la declaración de La Almoraima como monte de dominio público propuesto por Ecologistas en Acción y que fue apoyado en la última Junta Rectora del parque natural, lo que impediría legalmente su privatización.

Tras la asamblea los participantes se dirigieron al Castillo de Castellar donde desplegaron pancartas en defensa de La Almoraima como patrimonio público y en contra de su privatización. 

Ecologista​s en Acción solicita la destitució​n de la gerente de la Almoraima

Ecologistas en Acción

Castellar

Solicitan a Arias Cañete la destitución de la gerente de La Almoraima por la manifiesta incompatibilidad con sus intereses privados

El coordinador de la Confederación estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha remitido un escrito a Miguel Arias Cañete -Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, solicitando la inmediata destitución de la directora-gerente de la finca La Almoraima por sus nefasta gestión y por la defensa sistemática de los intereses privados en contra los públicos a los que está obligada por el cargo que ostenta. 

Isabel Ugalde viene prodigándose en declaraciones que intentan desprestigiar la gestión pública de esta finca forestal pública, de la que ella es responsable, aludiendo de forma sistemática a que es ruinosa, cuando uno de los motivos de que la finca sea deficitaria se debe a su nefasta gestión, ya que siempre tuvo beneficios, y desde que la señora Ugalde se ha hecho cargo de ella ha llegado a tener pérdidas superiores al millón de euros al año.

En la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales celebrada el pasado día 5 de febrero, la gerente de la Almoraima tuvo varias intervenciones que entendemos la desautorizan e invalidan para ostentar un cargo de responsabilidad en la gestión de una finca pública. La señora Ugalde lanzó un alegato contra los parques naturales asegurando que generan depresión y paro, afirmando que el hecho de que Andalucía tenga la mayor tasa de paro del país es porque tiene la mayor superficie de espacios naturales protegidos. Semejante insensatez  carece de cualquier análisis objetivo y científico, pues la duplicación del paro desde 2007 no se debe a un aumento de los espacios naturales, sino al estallido de la burbuja inmobiliaria, precisamente el modelo especulativo que la señora Ugalde pretender impulsar en La Almoraima. No deja de ser insólito que una persona que tiene un cargo de responsabilidad en el organismo de Parques Nacionales y que cobra de él un sueldo nada desdeñable –cerca de 100.000 € al año más alojamiento gratis con su familia en el hotel de lujo Casa Convento de esta finca-, suelte esas diatribas contra los espacios naturales. Ante las críticas de los representantes ecologistas en la Junta Rectora, respondió que no estaba allí como gerente de La Almoraima, sino representando a la CEA, o sea como empresaria privada, lo que nos parece inadmisible.

La señora Ugalde incurre en un conflicto de intereses escandaloso, pues hay que recordar que es propietaria privada de un latifundio en este mismo Parque Natural; es además copropietaria de una empresa dedicada al negocio del corcho, cuando la finca pública que administra tiene en este sector su principal activo económico.

Por todo ello Ecologistas en Acción le ha solicitado al Ministro la inmediata destitución de Isabel Ugalde como directora-gerente de la empresa pública La Almoraima S.A., y que  desista de privatizar esta finca, por el enorme patrimonio medioambiental que atesora y la importante función socioeconómica que desempeña en el municipio de Castellar y en toda la comarca del Campo de Gibraltar.

Así mismo le hemos solicitado que su Ministerio desautorice las amenazas que la gerente de la Almoraima realizó en la Junta Rectora en el sentido de que llevaría a los tribunales la declaración de esta finca como monte público, declaración que se basa en la legislación forestal vigente y para la que tiene plenas competencias la Junta de Andalucía.


Las propuestas y las luchas de Paco Casero son las de los ecologistas andaluces: la transparencia y la participación, contra la corrupción, por la agricultura y la ganadería ecológica, el valor añadido y el empleo. Dignidad, Honestidad y Rebeldía

Ecologistas en Acción de toda Andalucía se solidariza con la decisión de Paco Casero de iniciar una huelga de hambre.

Ecologistas en Acción apoya y comparte la decisión valiente y testimonial de Paco Casero, miembro de EA de Cádiz, impulsor infatigable de la agricultura y ganadería ecológica en Andalucía y persona luchadora y comprometida.

Compartimos su frustración porque en los nuevos tratados sobre Política Agraria Común (PAC), nuestros representantes no hayan defendido la necesidad de implantar criterios ecológicos y conservacionistas en la agricultura y ganadería, y no hayan sido capaces de defender ideas tan incuestionables como las que explica Paco: La producción ecológica es clave para el aumento de la producción de bienes públicos medioambientales, reducir la presión sobre recursos materiales como suelo, agua y biodiversidad, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. Se ha demostrado que da respuestas a los retos económicos, tiene mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. Es, en definitiva, un motor de cohesión de los territorios y de revitalización de las zonas rurales.

Compartimos sus ideas sobre la necesidad de dignificar la vida de los agricultores y ganaderos, y de que vivir en y del campo no suponga un hándicap de bienestar y de cultura.

Paco inició su andadura política como jornalero y ahí fue digno, honesto y rebelde fundando el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); más tarde se interesó por la ecología e incluso fue un claro activista en Ecologistas en Acción de Cádiz, de donde nunca se ha ido. Paco consiguió aunar voluntades y actuaciones de ecologistas y jornaleros. Pertenecíamos, por lo general, a dos mundos lejanos, el medio rural y las sociedades urbanas, pero juntos rompimos muchos moldes. Ocupaciones de fincas públicas abandonadas, de vías pecuarias ocupadas por terratenientes, manifestaciones y marchas por la campiña y la sierra gaditana… acciones a las que debe su origen el Plan Forestal Andaluz  y el inicio de la recuperación de las Vías Pecuarias en Andalucía. Paco Casero, fundador y secretario general del SOC, se convirtió poco después en Coordinador regional de la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) que se convertiría posteriormente en Ecologistas en Acción de Andalucía.

Con este doble bagaje encontró la síntesis que necesitaba en la propuesta e impulso de la agricultura y ganadería ecológica en Andalucía. Aquí le hemos visto épocas de entusiasmo e incluso euforia en el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), pero en estos momentos de crisis económica, con una clase política sin idea de progreso, sumisa a los poderes económicos, de dominio absoluto de la ideología neoliberal, donde todo lo ha de decidir el mercado y donde nada tiene que ver la solidaridad y los valores, Paco quiere dar un golpe sobre la mesa; nos quiere decir que así no vamos bien y que necesitamos ser ciudadanos y defender lo que creemos, y por eso se ha puesto en huelga de hambre, porque quiere que todos seamos dignos, que vivamos con bienestar, que seamos honestos, o consecuentes con nuestras ideas, y que seamos rebeldes, sin resignación y con respuestas.

Esperamos que el testimonio de Paco Casero, líder jornalero, dirigente ecologista y agricultor ecológico, sea útil y un ejemplo para todos los andaluces.

La Fiscalía denuncia la construcción del polígono industrial de Grazalema porque “los hechos pudieran tener significación penal”

Ecologistas en Acción

Grazalema

 

La denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Grazalema, la anterior delegada de Medio Ambiente y técnicos de Diputación

 

 

       La fiscal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Patricia Navarro, ha notificado a Ecologistas en Acción que ha remitido al Juzgado de instrucción de Ubrique la denuncia que presentó en la Fiscalía provincial Ecologistas en Acción por la construcción de un polígono industrial en el municipio de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que infringe todo tipo de normas urbanísticas y medioambientales. Dicha remisión se ha hecho con carácter de denuncia, por evidenciarse que los hechos denunciados pudieran tener significación penal, por lo que procede  esclarecerlos en el procedimiento penal.

 

       Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes, la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes que en su momento incluyó la Consejería de Medio Ambiente (CMA), en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del parque natural”. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas  de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que ha redactado el proyecto- y la CMA -que lo justifica y se niega a paralizarlo-, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con un paseo en su cubierta, y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural.

 

       Ecologistas en Acción llegó a presentar en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema una propuesta para que se instara al  ayuntamiento de Grazalema “a adaptar el proyecto a las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cumpliendo las condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, y a los objetivos,  propuestas de ordenación y criterios de gestión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural”. El presidente de la Junta Rectora, Alfonso Moscoso, y el actual delegado territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Federico Fernández, impidieron incluso que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas.  

 

La denuncia avalada por la Fiscalía va dirigida contra:

·         Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, que aprobó el proyecto de Parque Industrial de Grazalema, y que teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo ha hacho.

·         Silvia López Gallardo, ex delegada de la Consejería de Medio Ambiente, quien teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo hizo.

·         Los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial que han redactado y/o informado favorablemente el proyecto de Parque Industrial de Grazalema.

 

Ecologistas en Acción estudiará ampliar la denuncia a todos los actuales responsables de las administraciones públicas implicadas en este escándalo urbanístico que siguen sin actuar a pesar de que las obras están ya muy avanzadas y el daño es cada vez más irreversible.

 

Ecologistas en Acción hace responsable del daño medioambiental y de las consecuencias económicas y patrimoniales que se deriven de la paralización de estas obras y de la más que probable obligación de demolición a los responsables del Ayuntamiento, de la Diputación provincial y de la Junta que han promovido, autorizado, financiado  y/o avalado esta palmaria ilegalidad, de la que los ecologistas hemos advertido desde el inicio de las obras. Conforme más se tarde en paralizar las obras, mayor será el daño causado y el coste de la reparación. Al final puede suceder igual que con el Algarrobico.