Ecologistas en Acción
Puerto de Santa María
El ayuntamiento del Puerto de Santa María pretende privatizar la gestión de la empresa municipal de aguas Apemsa a favor de la multinacional Aqualia-FCC.
La privatización sería por un periodo de 25 años, afectaría al 49 % de la empresa municipal e incluiría el nombramiento del director gerente por parte de Aqualia. En la práctica dicha medida supondría el control privado de la gestión del agua en la ciudad. El argumento dado por el ayuntamiento, como en tantos otros municipios, es que la crisis económica de la empresa municipal obliga a su venta.
La plataforma ciudadana “Apemsa no se vende”, que cuenta con el apoyo de una veintena de colectivos sociales, exige que se paralice la privatización y que se convoque una consulta ciudadana. Los miembros de la plataforma llevan diez días encerrados en el ayuntamiento y una representación ha participado en las marchas de la dignidad del 22M; argumentan que es posible una alternativa desde la gestión municipal que no hipoteque el futuro de la ciudad.
Ecologistas en Acción en Acción apoya y se solidariza con la lucha de la plataforma “Apemsa no se vende”. El agua no puede ser una mercancía, sino un derecho y un patrimonio humano; así lo reconocen, tanto la Directiva Marco sobre el agua como la revisión de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU realizada en 2010. En coherencia con lo anterior, la gestión del agua debe ser pública, basándose en la sostenibilidad ecológica, el acceso universal, el reparto equitativo de costes, la eficacia técnica y la participación ciudadana: es esta la Nueva Cultura de la gestión del agua.
El proceso de privatización del agua urbana en España (abastecimiento y depuración) se viene extendiendo a pasos agigantados en los últimos años.
Este proceso se está produciendo en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social. Tres grandes empresas multinacionales: Agbar, Aqualia-FCC y, más recientemente Acciona, se reparten la casi totalidad de la gestión privada del agua urbana en España, que afecta a 33 capitales de provincia y unos 1000 municipios; en total unos 30 millones de personas. Agotado el negocio del ladrillo, el capital especulativo dirige sus miradas hacia el agua: un negocio perfecto ejercido a escala municipal en régimen de monopolio privado, por periodos de 20-25 años y con laxos controles municipales.
Casi siempre las privatizaciones se justifican para pagar las deudas municipales. Sin embargo, a medio plazo, la empresa obtiene beneficios subiendo el precio y son los ciudadanos los que acaban pagando, tanto las deudas municipales, como los beneficios empresariales. Un estudio de la OCU así lo corrobora, indicando que el precio del agua en España ha subido un 25,5 % en los últimos 5 años.
Tampoco parece que mejore la calidad del servicio. Un trabajo del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de Granada publicado a principios de 2012 ––circunscrito al ámbito andaluz––, concluyó que la privatización del servicio no derivaba en una mejora de la calidad del mismo y que las empresas públicas eran más eficientes que las privadas por, entre otras cosas, la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración concernida, las locales en este caso.
Y aunque el proceso privatizador continúa, crece la resistencia ciudadana a las privatizaciones. Los casos recientes de Alcazar de San Juan ( Ciudad Real) y El Puerto de Santa María, así como los de el Bajo Andarax (Almería), Mijas (Málaga), Priego (Córdoba), Cartaya (Huelva), Madrid o los de Las Palmas, Tenerife, Gozón y Avilés (Asturias), indican una creciente toma de conciencia ciudadana sobre estas nuevas agresiones a un derecho básico.
En Sanlúcar, donde la gestión es privada desde 2011 (Aqualia), las denuncias de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales han obligado a Aqualia a devolver tasas cobradas ilegalmente y ya se está gestando la formación de una plataforma vecinal. El recibo del agua se ha encarecido casi un 30 % en dos años y la mala depuración ha llegado a niveles inadmisibles. En Jerez, a pesar de que la privatización se ha llevado a cabo, ha contado con la oposición de una luchadora plataforma ciudadana que denuncia la amenaza de la empresa de corte de agua a las familias que no pueden pagar.
Desde Ecologistas en Acción apoyamos y nos ponemos al servicio de estos movimientos ciudadanos por el derecho a la gestión pública del agua, y subrayamos que las luchas por el agua representan hoy en España uno de los principales frentes entre el capital especulativo y la ciudadanía.
Denunciamos que políticos del PP y PA en El Puerto de Santa María y Jerez y del PSOE en Sanlucar se han convertido en brazos ejecutores de la privatización, que amenaza con hipotecar nuestro futuro convirtiendo un derecho básico en una mercancía.
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