Parque de Grazalema
En una Resolución aprobada por Chamizo se acusa a la Consejería de Medio Ambiente -ahora Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente- de no actuar con la debida diligencia, no tramitar denuncias y permitir graves impactos en la construcción de unas pistas forestales junto a la zona de reserva del parque natural.
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| Pistas S. Margarita en Puerto Alhucemas |
La Resolución aprobada por el Defensor del Pueblo es fruto de una queja formulada por Ecologistas en Acción en septiembre de 2010 por la actuación de la Consejería de Medio Ambiente en la construcción de una red de pistas forestales en el mayor latifundio del parque natural, que ha ocasionado unos impactos gravísimos e irreversibles en unos de los bosques y paisajes más valioso del parque, colindante con la zona de reserva del Pinsapar. Ecologistas en Acción remitió a Chamizo un amplio informe en el que se demostraba que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) había autorizado estas pistas de forma irregular, sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, contraviniendo el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Cuando comenzaron las obras, Ecologistas en Acción denunció estas ilegalidades, pero la delegación de la CMA ni contestó ni tramitó las denuncias, demostrando una grave negligencia y una evidente complicidad con la empresa propietaria de las fincas El Navazo, Breña del Agua y Rancho del Moro, promotora de las obras que han destrozado una parte importante de estos bosques y montes.
Chamizo asegura que no se ha podido realizar una verificación in situ de los hechos “por las limitaciones en los medios personales y materiales… para realizar un análisis pericial independiente que, con absoluta certeza arrojaría suficiente luz sobre las cuestiones objeto de la controversia posibilitando la emisión de un pronunciamiento institucional mejor fundamentado”. No deja de ser lamentable que a tan alta institución no se le dote de medios para ejercer la misión que tiene encomendada: la defensa de los derechos de los ciudadanos.
No obstante, en base al análisis de la documentación aportada por Ecologistas en Acción y la CMA, el Defensor del Pueblo ha concluido que:
· La CMA no ha obrado con la suficiente diligencia, ya que tenía que haber abierto los correspondientes expedientes sancionadores cuando se ejecutaron las actuaciones ilegales, y no cuando estaban ya concluidas. Lo que estima particularmente grave al “existir denuncias de la asociación ecologista y el gran valor ambiental del espacio en el que se han llevado a cabo las actuaciones
· La CMA no ha respondido en plazo legal a las demandas de información y documentación realizada por Ecologistas en Acción. Chamizo le recuerda a la CMA los continuos requerimientos que ya ha realizado a esa administración para que cumpla con los plazos legales para las demandas de información medioambiental.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo conmina a la CMA a que:
· Desarrolle las labores de vigilancia, inspección y control que tiene encomendadas… especialmente en supuestos como el analizado en el que el valor ambiental de la zona afectada resulta ser muy elevado y en el que han mediado denuncias previas, al objeto de evitar la producción de daños al medio ambiente.
· Se atienda con la máxima celeridad los escritos remitidos por los administrados, dando cumplida respuesta a cuentas cuestiones se planteen.
· Tramite con absoluto rigor y celeridad los expedientes sancionadores en curso, adoptando cuantas medidas provisionales y sancionadoras resulten pertinentes.
Esta Resolución fue remitida al nuevo Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente el pasado 16 de mayo, dándole el Defensor del Pueblo un mes de plazo para que confirme si acepta o no sus propuestas.
Esta Resolución corrobora, además, nuestra denuncia de que tanto la delegada de la CMA como el director del parque no dijeron la verdad al asegurar -tanto en la Junta Rectora como al propio Defensor del Pueblo-, que se había cumplido con todas las normas legales y que se había contestado y actuado correctamente ante las denuncias de los ecologistas. Hay que recordar que, a pesar de haberse constatado el incumplimiento del PORN y PRUG, y de constar numerosas denuncias, la CMA nunca paralizó las obras, ni procedió a la anulación de las autorizaciones concedidas.
Chamizo hace un único reproche a Ecologistas en Acción: el no haber recurrido las autorizaciones para la construcción de estas pistas forestales. Como ya le hemos aclarado, la CMA nunca informo sobre estas autorizaciones a la Junta Rectora del parque, y solo cuando comenzaron las obras pudimos constatar la envergadura e impactos que estaban provocando, pasado ya el plazo legal para recurrirla, pero sí solicitamos formalmente su anulación, lo que es un imperativo legal por su manifiesta ilegalidad, cosa que tampoco ha hecho la CMA.
Por todo lo expuesto Ecologistas en Acción entiende que hay que depurar responsabilidades entre los máximos responsables de la delegación provincial de la CMA (hoy CAPMA) y de la dirección del parque natural por la negligencia demostrada y la actitud permisiva y cómplice ante uno de los mayores desastres que ha sufrido este parque natural. Por ello demandaremos en la próxima Junta Rectora que se apoye la Resolución del Defensor del Pueblo y se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar.
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