INMIGRANTES: SALUD Y XENOFOBIA

Luciano Lozano

Arcos de la Frontera

       El 1 de Mayo los inmigrantes también salieron a la calle denunciando que ellos no son los culpables de la crisis económica y que nada tiene que ver su situación con la de los extranjeros comunitarios que realizan turismo sanitario. No comprenden que se les niegue el derecho a la salud, lo que es un acto de xenofobia (odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros) de una democracia que debe respetar los derechos humanos. Es una medida en la que se aprecia la ideología de los gobernantes y legisladores, aunque excluya a embarazadas y a la infancia. Es el caso del gobierno del PP, que va a discriminar a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación, aunque estén empadronados en el territorio nacional.

       El Gobierno considera que su decisión supone el ahorro de varios cientos de millones de euros en gasto sanitario, lo que es imposible de saber, ya que ni siquiera sabemos con certeza el número de extranjeros que residen “irregularmente” en nuestro país. La negativa a ser atendidos en la red de asistencia primaria les llevaría a acudir a los servicios de urgencias, que ya están saturados. Por otro lado, se podrían originar problemas de salud pública por esta ausencia de atención primaria, que no compensaría el ahorro previsto para estas personas, cuyo único delito es haber nacido fuera de España y tener que venir a buscar el bienestar que en su tierra nunca tendrán.

       Justificar esta medida bajo el argumento del turismo sanitario es vergonzoso, ya que hay que saber diferenciar entre extranjeros pobres y ricos, entre inmigrantes que vienen para intentar trabajar y extranjeros con recursos que desean utilizar un sistema sanitario envidiable, que el PP se quiere cargar. El mayor gasto de extranjeros para nuestro sistema sanitario tiene nombres alemanes, británicos y franceses, no africanos o sudamericanos.

       Aunque fuera un gasto muy importante para las arcas públicas, ningún ahorro económico compensará la manera en la que esta medida corrompe a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas. Miles y miles de personas que llegaron a nuestro país van a vivir en unas condiciones de vida por debajo de la de sus vecinos españoles. Serán personas de tercera clase, no podemos consentirlo, si nos queda algo de humanidad.

       Es una acción muy cobarde, ya que hiere a aquellos que no pueden defenderse. Los que tenemos la capacidad de protestar no podemos callar; debemos expresarlo con claridad, si existe compasión y solidaridad. La Conferencia Episcopal, la que debería de seguir a Jesucristo, permanece en silencio, aunque si hay organizaciones y fieles católicos trabajando en política migratoria, que defienden la dignidad de estas personas merecedoras de una justicia social y no de una mera beneficencia.

       Una sociedad que separa, que segrega, es una sociedad cruel. Si admitimos esta medida, estaremos contribuyendo a su definitiva implantación y seremos cómplices de unos gobernantes que han perdido los valores humanos en su acción política. No es la ley de la selva la que debería de gobernar nuestra sociedad. No permitamos que esto ocurra. Los profesionales de la salud deben rebelarse contra esta ley que atenta contra la naturaleza de su profesión. Los educadores deben de tratar este asunto en las aulas, para promover los valores que nuestro sistema educativo defiende, como los de la igualdad y justicia social.

       Aunque seamos más pobres, no seamos más estúpidos y xenófobos. Los próximos seremos nosotros, que ya somos de segunda clase. La primera clase la forman los banqueros y especuladores, los grandes empresarios, los altos ejecutivos de las multinacionales, los políticos al servicio del capital y los grandes defraudadores de Hacienda, auténticos antisistemas del Estado de Bienestar, aunque con protección policial.