EL BRILLANTE
El Gobierno Central obliga a las comunidades a subir la jornada laboral de los empleados públicos. Si el Gobierno andaluz aplicara directamente esta medida, se perderían 24.00 empleos públicos.
Estos ajustes no serían necesarios si el Estado reconociera los 1.504 M € por las inversiones dejadas de ejecutar en Andalucía y estableciera criterios de límite del déficit en función de la población y no en función del (Producto Interior Bruto) PIB, así Andalucía obtendría 620,5 M € más.
Andalucía marca la diferencia al afrontar el ajuste y reducir los salarios con criterios de progresividad, protegiendo a las rentas más bajas y con carácter reversible, para proteger el empleo y los servicios públicos.
Otras CCAA (Comunidades Autónomas) deciden aplicar este ajuste despidiendo empleados públicos, cerrando Servicios Públicos y privatizando Servicios Públicos
Un ajuste obligado. El Gobierno Central nos obliga a todas las CCAA a subir la jornada laboral de los empleados públicos:
La Disposición Adicional 72ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado impone que todos los empleados públicos trabajen 37,5 horas a la semana (2,5 horas más).
El artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas en el ámbito educativo, amplia la jornada lectiva para todo el personal docente en dos horas semanales.
Proteger el empleo y los servicios públicos. Si Andalucía aplicara directamente estas medidas supondría la pérdida de 24.000 puestos de trabajo. Esto es el equivalente a reducir 777 M € del capítulo I de nuestro Presupuesto. Ante esta imposición, Andalucía va a
hacer el ajuste con los siguientes criterios:
Manteniendo el máximo empleo público, Sin cerrar servicios públicos, Sin privatizar.
Por lo tanto, nuestra opción supone repartir el trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad, protegiendo a las rentas más bajas y con carácter reversible.
Estos ajustes no serían necesarios si el Estado reconociera 1.504 M € por las inversiones dejadas de ejecutar en Andalucía (Disposición Adicional 2ª del EAA) y estableciera criterios de límite del déficit en función de la población y no en función del PIB, con lo que Andalucía obtendría 620,5 M € más. Otras CCAA deciden aplicar este ajuste despidiendo empleados públicos, cerrando Servicios Públicos y privatizando Servicios Públicos.
Además de estas medidas Andalucía está obligada a hacer recortes y a implantar copagos por otras decisiones del Gobierno Central, entre las que tenemos que resaltar las dos siguientes por su importante impacto:
El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas en el ámbito sanitario, que obliga a modificar
la cartera de servicios sanitarios, introducir copagos en farmacia y ortoprótesis.
La minoración de las transferencias finalistas que recibe Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado que obliga a recortar 619 Millones de euros:
- 315 millones de fomento e intermediación para el empleo.
- 50 millones de formación e inserción profesional.
- 30 millones de acciones de innovación.
- 36 millones de formación continuada.
- 21 millones del programa de vivienda y suelo.
- Casi 20 millones del plan educa 3 destinado a la creación de guarderías.
- Otros 20 en gratuidad de libros de texto y material escolar.
- En 25 millones de euros en el programa escuela 2.0 y las becas.
- Y así hasta desgraciadamente un largo etcétera que afecta hasta 86 programas de nuestros presupuestos.
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