Arcos de la Frontera
Es vergonzoso observar como el gobierno del PP premia en sus presupuestos a los que defraudan y discrimina a los que pagan sus impuestos. La solución a los problemas financieros no puede ser una recompensa a la evasión fiscal, gravando solo con el 10% a los que se quieran regularizar. Cospedal y Rajoy criticaron esta medida de forma muy dura cuando estaban en la oposición, considerándola antisocial, ahora dicen que es adecuada. “Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda”, llegó a decir Dolores de Cospedal, número dos del PP, para decir hace unos días que “va a ser buena para todos los ciudadanos”. La falta de coherencia y de memoria de muchos de nuestros políticos es alucinante.
Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda, pretende con esta medida, incluida en los Presupuestos Generales del Estado del 2012, combatir la economía sumergida, pero lo que hace es perdonar a los defraudadores. La economía sumergida no son solo los trapicheos en negro, que son una pequeña parte de esta economía, la parte más gorda es la de la evasión de impuestos por las grandes fortunas y las principales multinacionales, a las que ahora se pretende beneficiar, olvidando que han delinquido.
El Gobierno tiene la esperanza de ingresar unos 2.500 millones de euros con esta medida, lo que supone que pretende que salgan a la luz unos 25.000 millones de capital. Para la federación de cajas de ahorros la economía sumergida española se multiplicó por cuatro desde 1980 al 2008, por lo que en realidad representa una cifra de 245.000 millones de euros que, aún contribuyendo a la baja, cubriría el déficit español en 2012, no haciendo falta tantos recortes a las clases medias y desfavorecidas, la reforma laboral o aumentar impuestos a la mayoría de la población.
Sin cambios importantes en el control fiscal es dudoso que las grandes fortunas tengan mucho interés en regularizar el capital evadido, La solución lógica sería eliminar los medios para que se siga produciendo la evasión fiscal y el control policial de estos terroristas del dinero. Otra medida debería ser la prohibición de los paraísos fiscales, empezando por la propia España, que tiene elementos, como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que le convierten en un paraíso fiscal para empresas de terceros países. Además, es necesario realizar una auditoria de la deuda española en la que afloren, para su restitución, los capitales evadidos del erario público por las grandes firmas y fortunas. Ecologistas en Acción califica de “tremendamente injusto que bancos como el Santander sean de los principales tenedores de deuda española, con la que obtiene pingues beneficios, mientras evade impuestos con ayuda de los paraísos fiscales”.
Rajoy se ha creado otro problema más, la oposición de la opinión pública a esta medida injusta, que nos llama implícitamente a intentar defraudar a Hacienda. Para los inspectores de Hacienda es una medida fuera de la ética ciudadana y que puede ser inconstitucional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario