Justo cuando en Bruselas el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, concretaba el alcance de la devolución de las ayudas fiscales denominadas tax lease –aplicadas para financiar la construcción de buques- el Pleno de la Diputación de Cádiz aprobaba por unanimidad su rechazo a tal decisión. Esta oposición se expresa en una iniciativa planteada por el grupo Popular y defendida por el responsable de Empleo en Diputación, Ignacio Romaní.
En la exposición de motivos de la propuesta se especifica que “el futuro del sector naval español está en riesgo”; una industria que aglutina 87.000 empleos, 19 astilleros, armadores y una “voluminosa industria auxiliar”. Romaní indicó que en la provincia de Cádiz más de 2.000 empleos directos dependen de la actividad de los astilleros. El temor actual –según se detalla en la propuesta- se cierne sobre una posible huida de los inversores hacia factorías de otros países, alentados por el menor coste y la mayor seguridad jurídica.
El Pleno –que ha aprobado siete propuestas por unanimidad- validó la reclamación a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz del “arreglo urgente de la carretera del faro de Conil”. Este vía es un enlace esencial para la urbanización de Roche, así como para los trayectos hacia las calas y playas del litoral conileño. La propuesta fue defendida por el vicepresidente segundo de Diputación, Bernardo Villar.
También fue unánime el respaldo cosechado por una iniciativa que solicita el restablecimiento urgente del tratamiento del linfedema que se aplica a las mujeres operadas de cáncer de mama. La moción fue expuesta por la responsable de Igualdad en Diputación, Pilar Cuartero, quien –tras reunirse con el colectivo Agamama- confirmó que este tratamiento no se presta desde el 8 de marzo. En representación de las 300 mujeres afectadas se trasladará esta reclamación al Servicio Andaluz de Salud.
Otra propuesta apoyada sin fisuras fue planteada por el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Romero, referente a la Vía Verde de la Sierra. En concreto se propone la incorporación de este sendero en la Red de Destinos Europeos de Excelencia. La petición se traslada a la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y a la Unión Europea. La Vía Verde de la Sierra –administrada por una Fundación que preside la Diputación de Cádiz- ya fue reconocida como mejor Vía Verde de Europa y está declarada Ruta de Interés Turístico de Andalucía.
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